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		Carta a les Secretàries d'Estat de Cooperació i Comerç sol·licitant l'anul·lació del deute ilegítim d'El Salvador (en castellà) 1 de junio de 2009 Estimadas Secretarias de Estado: Las organizaciones, redes y plataformas del Estado Español abajo firmantes queremos manifestarles nuestro desacuerdo con el mantenimiento de la deuda que el Estado Salvadoreño contrajo con el Estado Español a raíz de la concesión en 1999 de un crédito de ayuda tipo FAD por un importe de 13.171.300,47 € bajo el titulo “Mejoras planta de tratamiento río Lempa” concedido a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Río Lempa, formada por la empresas españolas Icasur, Isolux (Corsán) e Himex. 1 de junio de 2009 Estimadas Secretarias de Estado: Las organizaciones, redes y plataformas del Estado Español abajo firmantes queremos manifestarles nuestro desacuerdo con el mantenimiento de la deuda que el Estado Salvadoreño contrajo con el Estado Español a raíz de la concesión en 1999 de un crédito de ayuda tipo FAD por un importe de 13.171.300,47 € bajo el titulo “Mejoras planta de tratamiento río Lempa” concedido a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Río Lempa, formada por la empresas españolas Icasur, Isolux (Corsán) e Himex. Antecedentes: La ejecución del citado proyecto estuvo plagada de irregularidades desde la licitación del mismo. El informe de la Corte de Cuentas de El Salvador afirma que se favoreció a la UTE brindándole información proporcionada por las competidoras. Es más, parece ser que el consorcio español ni siquiera retiró las bases de la licitación pública de la cual resultó ganadora. La Fiscalía General de El Salvador sostiene que el empresario español Joaquín Alviz, gerente de la empresa Icasur y de la UTE Río Lempa, pagó comisiones a los ex responsables de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla y Mario Orellana, por valor de 3 millones de dólares para hacerse con “la adjudicación del diseño y operación de la planta de tratamiento de aguas Río Lempa II”. Pero la principal acusación se basa en el hecho que Carlos Perla firmara la certificación final de conclusión del proyecto, a pesar de que sabía que faltaba por lo menos un 50%. Lo más grave del caso es que ese certificado avaló que la empresa española cobrara 19 millones de dólares, que era el pago estipulado cuando el proyecto estuviera concluido. Además, el proyecto nunca ha funcionado. Un informe de técnicos del ente público salvadoreño que inspeccionaba la obra, la ANDA, presidido por la Fiscalía General de la República y por la Corte de Cuentas de El Salvador, reveló que en dicho proyecto existen hasta 19 deficiencias estructurales en la obra, que el sistema computarizado adquirido no funciona y que una serie de costosos motores de lavado ni siquiera han sido probados. Además, se extraviaron máquinas, valoradas en 30.000 dólares, compradas para la construcción del proyecto. Por otro lado, durante la ejecución de otro proyecto de la misma UTE, la construcción del Reservorio de Agua de Nejapa, Joaquín Alviz se apropió de fondos de sus socios, tal como consideró el Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional española en 2005 al condenar al empresario a la devolución de los fondos y al pago de una multa de 720 €. El ex presidente de ANDA, Carlos Perla fue condenado a 15 años de prisión en julio de 2007. Aún así, el Estado Salvadoreño adeudaba al Estado Español la cantidad de 10,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2007. Ante estos hechos consideramos: Que este caso constituye un claro ejemplo de deuda de corrupción. Entendemos éstas como aquellas que se acumulan mediante actos en que los fondos tomados por los Estados son desviados directamente a las cuentas personales de gobernantes, funcionarios públicos o sus cómplices. Una cuestión que debemos tener en cuenta al abordar las deudas de corrupción es que no sólo hay que mirar al corrupto, sino también al corruptor o al cómplice en el bando de los acreedores. Que el Estado español tiene una clara responsabilidad en estos hechos y por ello debe sentirse interpelado por éstos para llevar a cabo las acciones necesarias para subsanar los perjuicios ocasionados al pueblo salvadoreño. Que la prometida futura reforma del FAD no exime al Estado español de las responsabilidades por el funcionamiento de dichos créditos hasta la actualidad. Que este caso constituye un ejemplo nefasto de cooperación en el sector de Agua Potable y Saneamiento que mina la legitimidad del Estado español cuando éste se ha comprometido en la creación del Fondo Agua para América Latina. Que de toda la deuda que el Estado salvadoreño mantiene con el Estado español este crédito supone casi un 25% del total. Además, en tan sólo dieciséis años, la deuda externa salvadoreña se ha más que multiplicado por 4 (de 2.145 a 9.136 millones de dólares). Desde el año 1990 hasta el 2006 el pago de la deuda se ha multiplicado por 3. De esta manera, el servicio de la deuda se ha incrementado por 5,5 veces, pasando de 208 millones de dólares en 1990 a 1.133 millones de dólares en 2006. Que en el próximo mes de junio va a realizarse un cambio de gobierno en El Salvador y, por primera vez desde la finalización del conflicto armado, un partido distinto al partido ARENA va a tener la responsabilidad de gobierno. Este hecho ha generado grandes expectativas de cambio en la sociedad salvadoreña así como ha despertado la esperanza de las clases más vulnerables para mejorar su desarrollo humano. La deuda externa supone un freno a las posibilidades reales de cambio en El Salvador. Por todo ello les solicitamos: La anulación de esta deuda ilegítima y la realización de una auditoria, que incluya aspectos económicos, sociales y ambientales, sobre toda la deuda que el Estado salvadoreño mantiene con el Estado español. La búsqueda, por la vía judicial si fuese preciso, de responsabilidades en el Estado español para esclarecer los hechos. Es necesario esclarecer también si el proyecto “Reservorio Agua de Nejapa” estaba incluido como parte de los proyectos financiados, parcial o completamente, mediante el citado crédito. La toma de este caso como un ejemplo de malas prácticas de cooperación en el sector de Agua Potable y Saneamiento, especialmente en este momento en el que el Estado español se ha comprometido en la creación del Fondo Agua para América Latina. Se debería tomar este caso como un antídoto ante las tentaciones de vehicular el Fondo de Agua como ayuda reembolsable y/o ligada. Además, se deberían relacionar todos los casos similares a éstos para no volver a dar crédito a aquéllos que han malversado fondos públicos. Atentamente, Àgora Nord-Sud, ONG catalanas de solidaridad internacional